Es imposible estar de acuerdo con la gestión administrativa de
una universidad donde cerca del 80 % del personal docente es temporal,
con contrataciones que no van más allá de ocho meses al año. La
administración de nuestra universidad les debe mucho a sus profesores
por contrato, es más, se ha aprovechado de ellos. Son ellos los que han
cargado sobre sus hombros en un alto porcentaje con una ampliación de
cobertura que muchos consideramos irresponsable y demagógica; son ellos
los que tienen que atender a los estudiantes en los corredores o
cafeterías, pues la administración de nuestra universidad en la mayoría
de los casos no les asigna una oficina para esta labor; son ellos los
que han contribuido a que en nuestra universidad existan nuevos
programas, los cuales creemos imposibles dada nuestra infraestructura y
nuestra tradición en áreas bien definidas por nuestra historia
académica; son ellos los que han contribuido en un alto porcentaje a que
exista una universidad en la noche, que no se puede considerar pública;
empezando porque existe un pago diferencial de sus profesores por
contrato con respecto a los mismos que trabajan en el día.
Es a parte de ellos, profesores temporales de medio tiempo y tiempo
completo, a los que la administración utiliza y presiona muchas veces en
los procesos democráticos para que muchas directivas académicas
cercanas a la alta administración de nuestra universidad perduren por
más de una década en sus puesto directivos. Son ellos los que la
administración ha nombrado sin ningún tipo de convocatoria ni concurso
de méritos, tal como lo hemos denunciado en ASPU, lo cual hace que estos
compañeros se vean afectados por los vicios de la politiquería
tradicional tales como el tráfico de influencias y el clientelismo que
se puede denominar académico, lo cual crea inequidad en su selección y
asignación de contratos. Se puede hacer la siguiente pregunta de manera
pública: ¿Cuáles son los criterios de ciertas directivas académicas para
definir entre dos docentes, quién será profesor temporal de tiempo
completo y quién un simple profesor por hora cátedra, cuando ambos
aspiran a lo mismo?
La anterior pregunta tiene una respuesta que puede estar basada en lo
que se podría llamar la “filosofía de la lealtad” que ha esgrimido
nuestro rector en muchas ocasiones en sus discursos y de la cual creo se
han apropiado muchos de sus directivos. En nuestra universidad está
prohibido pensar y mucho menos criticar; las personas que lo hacen se
consideran peligrosas y desleales para algunos altos directivos que se
creen dueños de NUESTRA universidad y que tratan a los profesores
temporales como trabajadores a destajo de una finca que parece que ellos
consideran propia. Hemos observado cómo aspirantes de las más altas
calidades académicas han visto truncado su deseo de ser docentes de
nuestra universidad, simplemente porque habían sido críticos en alguna
época de su vida universitaria. Es bueno recordarles a estos directivos
que se creen dueños de nuestra universidad que “la Universidad Pública
es un espacio para la libertad del pensamiento, el pluralismo
ideológico, la crítica y el debate mediante la razón y la argumentación
que le apuesta a la escritura y a la lectura, que une lo teórico con lo
práctico y que privilegia una cultura del debate que rechaza cualquier
forma de dogmatismo”, tesis formulada por los profesores Fernández y
Ortega de la Pedagógica y sustentada por las sentencias como las
T-492/92, C-337/96, T-689/09 entre otras.
Hay que aclarar que no en todas las dependencias académicas de
nuestra universidad se ven estos vicios, pero que en algunas de ellas la
sombra de este pensamiento egoísta y retrogrado oscurece todo el
panorama académico. Nuestras altas directivas y sus más “leales”
seguidores se aferran al poder y hacen lo que sea por conservarlo, hasta
extremos como el de pisotear la dignidad de los profesores por
contrato, que requieren de sus salarios para sostener sus familias, pero
que gracias a su trabajo han cooperado para sostener la universidad que
la administración, con el pecho henchido, muestra en forma demagógica a
la sociedad.
Ante este panorama la administración de nuestra universidad tiene una
alta deuda con los profesores por contrato que debe empezar a pagar,
dignificando la labor de estos docentes, estableciendo criterios de
equidad en su selección y en su tipo de contratación, la cual debería
ser al menos de 11 meses al año como ocurre en otras universidades
públicas de nuestro país. La administración de nuestra universidad les
ha fallado a estos profesores, cancelándoles sus contratos, creando todo
un problema de tipo social que afecta a más de 800 familias de nuestra
ciudad, error que trata de enmendar con nuevos acuerdos improvisados y
donde nuevamente el sesgo del secretario general afecta salarialmente a
los profesores como en ocasiones pasadas ha sucedido en cuestiones de
retiros, cálculos pensionales y el reciente recorte a salarios en
catedráticos de la jornada especial.
Los profesores por contrato de todos los tipos no tienen la culpa de
que los estudiantes hayan parado sus actividades académicas, no se puede
pretender que los profesores persigan a sus estudiantes y lleguen a
extremos que van en contra de su dignidad, convenciendo a uno o dos
estudiantes para que acepten recibir clase y de esta manera se les
renueven sus contratos; en otras universidades como la de Antioquia se
protege a estos profesores con disposiciones del consejo superior que
permiten mantener sus contratos en casos como el que actualmente afecta a
nuestra universidad.
No podemos estar de acuerdo con disposiciones que pisotean la
dignidad de los profesores por contrato. No podemos estar de acuerdo con
directivas académicas que no han defendido a sus profesores y que
permiten que se les trate dentro de un régimen de terror. La
administración actual de la universidad ha destruido por completo el
concepto de universidad pública que el profesorado de nuestra
institución siempre defendió, es hora de ajustar cuentas con esta
administración y pedirle de manera unánime que abandone NUESTRA
universidad.
La política de la Ley 30 que ahora se pretende reforzar ha permitido
todos los vicios de los que hemos hablado anteriormente, llegando a
extremos como el que vivimos actualmente en nuestra universidad, esta
política ha permitido con base en una mal utilizada “autonomía
universitaria” que la universidad sea manejada como una empresa
económica y no como empresa del conocimiento, nuestra administración ha
seguido al pie de la letra estos lineamientos y tiene a nuestra
universidad hundida en todos sus desafueros.
JUNTA DIRECTIVA DE ASPU – RISARALDA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
